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CREACIÓN DE LA AADI

AADI: Jerarquizar el Derecho Indígena para descolonizar la Justicia
Por Hernán Scandizzo ((i)) - Thursday, Jan. 08, 2009 at 4:50 PM
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El 6 y 7 de noviembre se realizó en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el Encuentro Nacional de Abogados de los Derechos Indígenas “Nuevos desafíos para la defensa de los derechos de los Pueblos Originarios”. Esta actividad, que contó con apoyo de organizaciones no gubernamentales y organismos oficiales, fue el marco donde abogados y representantes de pueblos originarios sentaron las bases para la constitución de la Asociación de Abogados /as de Derecho Indígena (AADI).

Los objetivos principales de la entidad son jerarquizar el Derecho Indígena y promover la articulación de los letrados, brindando apoyo técnico jurídico para afrontar los litigios. Si bien alcanzar ambos objetivos apareció como una meta común, desde los indígenas también se planteó la necesidad de descolonizar el derecho.

 

“Notamos que en el resto de los operadores jurídicos -sobre todo los jueces, los fiscales, los defensores con los cuales nos tratamos diariamente- el Derecho de los Pueblos Indígenas parece ser un conjunto de buenas intenciones pero no un derecho positivo, vigente, y que tiene que ser cumplido. Entonces el objetivo de esta asociación es poner al Derecho de los Pueblos Indígenas en el rango que tiene y abrirse paso dentro de los cánones académicos de la profesión de la abogacía”, explicó a Indymedia Juan Manuel Salgado, flamante presidente de la AADI y abogado de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN). “Que el derecho indígena pase de la letra y el papel muertos a ser realidades y convertirse en una herramienta que aporte a la dignidad y a la lucha indígena”, recalcó Julio García, vicepresidente de la entidad y director de Defensa de la Democracia y Ciudadano de la Provincia de Chaco.
Eduardo Hualpa, tesorero de la AADI e integrante del Equipo Patagónico de Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales (EPADHES), señaló a este medio que “se va a articular a nivel nacional lo que hoy está disperso en luchas regionales, luchas por pueblos, luchas locales, y va a tratar de superar el aislamiento”. En tanto Benito Espíndola, coordinador suplente de la asociación por la zona Centro y referente de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO), resaltó: “Todas las corporaciones tienen asociaciones donde teorizan, donde hacen grupos de presión, pero nuestra temática todavía está como un derecho menor. Yo creo que esta es una apuesta fuerte de poner las cosas en su lugar”.
El abogado esquelense Gustavo Macayo, por su parte, subrayó el importante potencial técnico jurídico de AADI. “Desde hace muchos años tenemos necesidad de generar un espacio donde se pueda tener información jurídica. En este momento, por ejemplo, no hay un sitio web donde se pueda encontrar fallos, donde se pueda encontrar doctrina, donde se puedan encontrar instrumentos jurídicos que tienen relevancia nacional o internacional. Eso es muy importante y sería muy interesante que este instituto lo promueva.”

Debate de fondo
“Que el aspirante a socio de la AADI asuma que el sistema judicial argentino es colonialista y que asuma el desafío de contribuir a su descolonización”, planteó sin medias tintas la Asamblea de Autoridades de Pueblos Originarios -que sesionó en simultáneo a la reunión de abogados- en el documento leído en el cierre del Encuentro. El tema tangencialmente había sido planteado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, en el acto de apertura de las jornadas; más tarde Mario Quinteros, de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita lo manifestó abiertamente. Incluso en el acto de cierre, antes de la lectura del documento el director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Horacio Esber, sostuvo: “Nuestro derecho positivo no escapa de las enseñanzas de la cruz y de la espada, no reconoce alteridades. Es una idea cultural hegemónica que domina las facultades y tribunales del país”.
“En Chubut hoy podemos tener fiscales que utilizan como bibliografía antropólogos que han emitido teorías como que al mapuche no le corresponde el artículo 75 inciso 17, la doctrina negatoria de un pueblo, no reconocerlo preexistente étnica y culturalmente como pueblo indígena argentino. Entonces cuesta en este mecanismo de colonización que no solamente está imbricado en el sistema judicial, está en el sistema académico, está en los sectores de poder, romper con esto es difícil”, subrayó la abogada Sonia Ivanoff, que está al frente de la Cátedra de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. “El Código Civil es el ABC y cuesta muchísimo en esto de abrir las cabezas –metafóricamente. No encontras ya vocabulario, cómo expresarle al juez, que es el que tiene que tomar la decisión en una situación de conflicto que se ha judicializado, la aplicación del derecho indígena. A veces uno llega, en el plano de las especulaciones, [a pensar] si adrede se sabe pero no se quiere. Realmente en el fragor de la lucha uno emite un montón de comentarios así.”, comentó en diálogo con Indymedia .
Al respecto la salteña Mara Puntano, coordinadora de la AADI por el NOA, fue tajante. “Este sistema consagra la propiedad privada como algo sagrado, el hecho de plantarse y defender la cuestión indígena o los derechos humanos es precisamente enfrentar este sistema, es cuestionar absolutamente las bases de este sistema capitalista: Por lo tanto los jueces, los funcionarios de este sistema se resisten a aceptar ese planteamiento, porque es socavar las bases”, afirmó.
Salgado, por su parte, confía en los instrumentos jurídicos vigentes para llevar adelante la empresa. “Nosotros tenemos un aliado muy importante que es el derecho positivo hoy, la Constitución, los tratados, la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Comité de Derechos Humanos que son favorables a los reclamos y a los derechos de los Pueblos Indígenas”, opinó. “Nos encontramos con conductas de la gran mayoría de los operadores jurídicos que son ilegales, por decirlo en una forma un poco brusca. Nosotros tenemos que cambiar las prácticas del sistema judicial, pero no para que deje de aplicar el derecho sino para que lo aplique. La principal manera para ir cambiando este aparato judicial que está imbuido del paradigma ‘civilización o barbarie’ y del racismo es que apliquen la ley, para decirlo en términos muy sencillos”, enfatizó el ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.

Nubes en el horizonte
“Estamos ante un Estado que si bien se ha caracterizado por aprobar cuanta cosa estuviera dando vueltas, hoy está poniendo mucha atención de lo que significa la aprobación de esos derechos y, por lo tanto, los problemas que van a acarrear al mundo de los ricos que se han quedado con los territorios indígenas”, apuntó Roberto Ñancucheo, Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Nación y werken de la CMN en declaraciones a este medio. “Está comenzando también una etapa desde el poder, no hablo solamente del gobierno sino desde los distintos poderes que tiene este país, de generar definiciones sobre quiénes son indígenas, quiénes son pueblos, quiénes son comunidades, y entendemos que desde este ámbito también nosotros tenemos que fortalecer, a través de nuestros compañeros [abogados] que están en la lucha cotidiana, ese trabajo que se viene haciendo. Porque es necesario que hoy salgamos con una posición fuerte ante lo que se nos viene”, agregó.
En sintonía con la apreciación de Ñancucheo, el abogado diaguita Benito Espíndola advirtió: “Creo que son momentos muy difíciles para nuestros pueblos, a pesar de estar en vigencia la Ley de Emergencia a un año de finalizar [el plazo para el ordenamiento territorial] estamos sin nada todavía. Si no actuamos ya quienes estamos comprometidos con esto nos vamos a agarrar la cabeza, porque va a terminar la Ley de Emergencia, van a venir los desalojos, que ya están, que siguieron su curso. Tenemos que exigirle al Estado soluciones concretas, una política integral, no una mascarada para dilatar todo esto”.

 

 
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