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Asociación de Abogados de Derecho Indígena - AADI
FORMOSA: Muertes e impunidad

LA AADI REPUDIA LA IMPUNIDAD EN FORMOSA E INSTA AL ESTADO A PROTEGER AL PUEBLO QOM

El domingo 9 de diciembre de 2012, víspera de un nuevo aniversario de la democracia, otras muertes enlutaron la comunidad Potae Napocna Navogoh. Las víctimas fueron Lila de diez meses y Celestina, su abuela de 49 años. Ricardo Coyipé, abuelo y esposo de Celestina, quedó herido en la ruta. La familia fue atropellada por un gendarme, Walter Cardozo, quien golpeó y pateó al hermano qom para disuadirlo de que presente la denuncia. Esto que algunos llaman accidente, forma parte del constante hostigamiento, persecución y violencia que sufren las comunidades indígenas, y que no tiene otro trasfondo que las reivindicaciones territoriales indígenas.  

La AADI repudia enérgicamente estos episodios violentos que cobran nuevamente muertes de los Pueblos indígenas, y a su vez denuncia el marco de impunidad que los rodea, y que hace posible que –más allá de mesas de diálogo, medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, denuncias y consiguiente judicialización- la persecución y los asesinatos sigan sucediéndose y la violencia profundizándose.

Lo sucedido es otra consecuencia del vacío en materia de política pública sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Estado nacional y provincial deben hacerse cargo con medidas especiales inmediatas que protejan a las personas y a sus bienes. En primer lugar deben garantizar que no exista impunidad para el gendarme. En segundo lugar, y por medio de sus organismos específicos como el Ministerio de Seguridad, el INAI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, supervisen con atención todo este proceso, generando los mecanismos adecuados para detener la represión, la muerte, la violencia con los indígenas. En tercer lugar, destrabar y agilizar la resolución del conflicto territorial respetando la auto determinación del Pueblo y reconociendo a sus genuinos representantes.

Los Pueblos indígenas también tienen derechos humanos que deben respetarse. Exhortamos a las autoridades del Estado a que asuman la tarea para la que fueron electos.    

El domingo 9 de diciembre de 2012, víspera de un nuevo aniversario de la democracia, otras muertes enlutaron la comunidad Potae Napocna Navogoh. Las víctimas fueron Lila de diez meses y Celestina, su abuela de 49 años. Ricardo Coyipé, abuelo y esposo de Celestina, quedó herido en la ruta. La familia fue atropellada por un gendarme, Walter Cardozo, quien golpeó y pateó al hermano qom para disuadirlo de que presente la denuncia. Esto que algunos llaman accidente, forma parte del constante hostigamiento, persecución y violencia que sufren las comunidades indígenas, y que no tiene otro trasfondo que las reivindicaciones territoriales indígenas.  

La AADI repudia enérgicamente estos episodios violentos que cobran nuevamente muertes de los Pueblos indígenas, y a su vez denuncia el marco de impunidad que los rodea, y que hace posible que –más allá de mesas de diálogo, medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, denuncias y consiguiente judicialización- la persecución y los asesinatos sigan sucediéndose y la violencia profundizándose.

Lo sucedido es otra consecuencia del vacío en materia de política pública sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Estado nacional y provincial deben hacerse cargo con medidas especiales inmediatas que protejan a las personas y a sus bienes. En primer lugar deben garantizar que no exista impunidad para el gendarme. En segundo lugar, y por medio de sus organismos específicos como el Ministerio de Seguridad, el INAI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, supervisen con atención todo este proceso, generando los mecanismos adecuados para detener la represión, la muerte, la violencia con los indígenas. En tercer lugar, destrabar y agilizar la resolución del conflicto territorial respetando la auto determinación del Pueblo y reconociendo a sus genuinos representantes.

Los Pueblos indígenas también tienen derechos humanos que deben respetarse. Exhortamos a las autoridades del Estado a que asuman la tarea para la que fueron electos.    

ASOCIACION DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE DERECHO INDIGENA

Mas información:

 
http://www.ceppas.org/gajat/
 
http://odhpi.org/2012/12/formosa-la-democracia-ausente/
 
http://cels.org.ar/documentos/?texto=formosa&info=buscador_rs&ids=3&redir=1&mesh=todos&envia.x=0&envia.y=0
 
AADI analiza trascendente fallo de Neuquén

Reconociendo la relevancia del precedente, tanto a nivel local como sus efectos internacionales, la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) emitió un documento que analiza los aspectos centrales del Fallo de la Jueza de Zapala (Neuquén) Gloria Martina, quien en los autos “DUARTE PEDRO C/ CLALEO SILVIA Y OTROS S/ INTERDICTO” rechazó la demanda interpuesta por Pedro Laurentino Duarte contra doce personas pertenecientes a la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo del Pueblo Mapuche de Neuquén.

El documento puede leerse en este enlace.

 

 

 

 
IMPORTANTÍSIMO FALLO RECONOCE LAS TIERRAS DE VERANADA DE COMUNIDAD MAPUCHE

IMPORTANTÍSIMO FALLO RECONOCE LAS TIERRAS DE VERANADA DE COMUNIDAD MAPUCHE 

 La jueza de Zapala (Neuquén) Gloria Martina rechazó la demanda interpuesta por Pedro Laurentino Duarte contra doce personas pertenecientes al Pueblo Mapuche de Neuquén. La acción judicial entablada era un interdicto de recobrar la posesión y había sido dictada una medida cautelar de desalojo a horas de su presentación. Dicho desalojo fue cumplido en enero de 2009. Se trata de tierras ubicadas en el Paraje Litrán, en el departamento de Alumine. La jueza desestimó el interdicto disponiendo el levantamiento de la medida cautelar e imponiendo las costas a Duarte.

En los autos “DUARTE PEDRO C/ CLALEO SILVIA Y OTROS S/ INTERDICTO” la jueza reconoce a la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo aún sin tener inscripta su personería jurídica y afirma que “la ausencia de personería jurídica no condiciona ni la pertenencia a una comunidad indígena ni impide a dichas comunidades el goce y ejercicio de derechos que les fueran atribuidos por el Bloque de Constitucionalidad Federal y normas constitucionales locales sobre las tierras que ocupan.” A la vez que reconoce que “la obtención del reconocimiento de su personería jurídica, más que una obligación de las comunidades indígenas, es otro de los derechos que se les garantiza”.

Además en la sentencia la jueza afirma que la comunidad posee a título de dueña y que la causa de la posesión emana de la ocupación ancestral. Así, reconoce al uso estacional de tierras (más conocido como veranada) como posesión indígena, la da por probada en la causa y le otorga la protección constitucional y supralegal como ocupación tradicional.

Se determina a su vez, que la expedición del título de propiedad de Duarte le es inoponible a la comunidad por contravenir normas de jerarquía superior y por haberse otorgado sin consulta al pueblo interesado y que las omisiones de concretar el relevamiento territorial dispuesto por ley 26160 y que tiene al INAI como autoridad de aplicación, no le pueden ser oponibles a la comunidad.

La jueza sostiene, correctamente, que las características definitorias de la ocupación territorial indígena se debe hacer por la cosmovisión indígena y que hay otros derechos básicos indígenas que dependen a su vez del respeto y reconocimiento de sus territorios. Sentencia la magistrada que, la ocupación tradicional de una comunidad indígena preexistente al Estado es causa legítima, siendo ésta el título que da sustento a la buena fe de la posesión y que el mismo tiene relevancia superior al del actor por resultar anterior en el tiempo y, por ende, preferido en el derecho. De este modo, además, reconoce que la posesión indígena no es la posesión del Código Civil sino “la derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado y conservar sus rasgos tradicionalmente propios”.

De este modo, además, reconoce que la posesión indígena no es la posesión del Código Civil sino “la derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado y conservar sus rasgos tradicionalmente propios” y en un  Obiter Dictum, llama a la reflexión a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles, a decir verdad- vertidas contra los demandados y especialmente, al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos, llegando a referirse al símbolo de la nación mapuche -Wenufoye- como ‘una bandera extranjera”.  Por último, es su rol de directora del proceso insta a Pedro Duarte a “a internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.

 

 

 
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