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Asociación de Abogados de Derecho Indígena - AADI
ENDEPA presentó 2o Informe

CON LA ADHESION DE LA AADI Y MAS DE QUINCE ORGANIZACIONES.

EN DEUDA CON LOS PUEBLOS INDIGENAS: INFORME DEMUESTRA INCUMPLIMIENTOS, CORRUPCION, DESIFORMACION DEL ESTADO.

El Equipo Nacional de la Pastoral Aborígen (ENDEPA) presentó su SEGUNDO INFORME DE INVESTIGACION sobre la implementación del relevamiento previsto por el art. 3 de la ley 26.160, en un contexto de emergencia y con una injusta distribución de la tierra en todas las provincias argentinas.

Basado en las cifras del INAI, con un riguroso análisis comparativo a nivel naciona, el estudio expone el bajímismo nivel de ejecución, destaca la falta de seriedad en los datos del organismo oficial, la desinformación y revela gravísimas inconsistencias en el manejo de los fondos.

A continuación, resumimos sus CONCLUSIONES:

  • La información pública brindada por el I.N.A.I. es poco confiable ya que resulta incompleta, contradictoria y en algunos casos palmariamente falsa.

  • De acuerdo a los datos que sí ha brindado el I.N.A.I. (fragmentariamente) las tareas de relevamiento sólo habrían concluido efectivamente en el 12,48% de las comunidades a relevar (197 comunidades de un total de 1578).

  • El total de las comunidades en donde se habría realizado el relevamiento, incluyendo aquellas en donde el resultado no ha sido aprobado por el I.N.A.I., alcanza sólo al 24% del total (aproximadamente 380 comunidades sobre 1578).

  • De esta cantidad, se habrían relevado aproximadamente 250 comunidades en forma descentralizada en diez provincias, habiéndose aprobados los trabajos en 131 de ellas.

  • El I.N.A.I. ejecutó en forma centralizada el relevamiento en aproximadamente 130 comunidades, de las que el relevamiento finalizó en 66.

  • De la suma de $ 60.000.000 en que consiste el presupuesto del programa,62 más de $ 23.000.000 ($ 23.517.988), fueron transferidos a los Equipos Técnicos Operativos encargados de la ejecución descentralizada.

  • Del mismo presupuesto se transfirió también una suma aproximada de $ 22.000.000 ($ 22.329.339) a la Universidad de Lanús, por asesoramiento, sin que pueda haberse logrado determinar el carácter y las circunstancias de contraprestación ya que esta suma ha sido gastada por fuera de las normas y controles de la administración pública.

  • Es decir que del total del presupuesto del relevamiento ($ 60.000.000) se ha verificado al menos la utilización del 76,41% del mismo ($ 45.847.32763) para el relevamiento de sólo el 24% del total de las comunidades, de las cuales únicamente el 12,48% del total ha sido concluido efectivamente.

CONTACTO:

Tel: 3704-448-015

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Terratenientes atacan abogados de pueblos indígenas

CONTRA LOS QUE QUIEREN "PESCAR" PELEAS

COMUNICADO DE PRENSA DE LA AADI CONTRA EL HOSTIGAMIENTO DE WILLIAM FISHER CONTRA JUAN MANUEL SALGADO

 La Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) manifiesta su repudio a un nuevo acto de hostigamiento a los abogados defensores de los Derechos de los Pueblos indígenas. Dentro del conflicto territorial planteado entre la comunidad indígena Paichil Antriao y particulares, en Villa La Angostura, Provincia del Neuquén, se presentó una denuncia contra el abogado Juan Manuel Salgado, Director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), y ex presidente de la AADI, por “instigación al delito”.

La denuncia fue radicada por William Fisher, uno de los “supuestos propietarios” del territorio en disputa, por una frase sostenida en una reunión por el Abogado Salgado, quien simplemente afirmó que la comunidad impediría el ingreso de personas ajenas a los lotes en donde ejerce la posesión. Esta denuncia es un acto más en la escalada de hostigamiento a los abogados comprometidos en la defensa de los derechos indígenas, que se vienen sucediendo en varias provincias de Argentina.

La AADI a su vez denuncia la situación de indefensión y profunda vulnerabilidad en que se encuentran comunidades y Pueblos indígenas, que ya sea por las actividades extractivistas, desmonte, ampliación de la frontera agropecuaria, explotación de petróleo, y en este caso en particular enormes negocios inmobiliarios, ven amenazados derechos que esforzadamente se lograron introducir en leyes que hoy están vigentes en Argentina.   

Reafirmamos el derecho de los abogados que patrocinamos, asistimos, asesoramos, representamos judicialmente a los Pueblos Indígenas a ejercer nuestra tarea con amplias garantías, acordes con el estado de derecho, repudiando nuevamente todo tipo de amenazas, hostigamiento u agresiones, exhortando a los poderes públicos a que desechen con prontitud este tipo de arteras denuncias.

 

 
Justicia Cautelar contra indígenas en Río Negro: el poder judicial activó dos desalojos en una semana.

La Justicia Cautelar también Río Negro: la Justicia activó dos desalojos contra indígenas en una semana.

El primer en caso: Lof Prafil-Calfupán.

El desalojo fue ordenado por el Juez de Instrucción de S.C. de Bariloche Nro. 4, Ricardo Calcagno, en  los autos los caratulados “Prafil Crescencio y Yañez César y otros s/ amenazas calificadas y usurpación” Expte s. 11-11-0309 que tramitan ante el Juzgado de Instrucción Nro. 6 secr. 11 donde Calcagno es subrogante del Juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi.

El favorecido es Ricardo Mohana quien carece de derechos reconocidos por la Provincia de Río Negro que es la titular del dominio. El desalojo se había realizado entre los días 9 y 11 octubre de 2011 por orden de Gaimaro Pozzi (semanas más tarde ascendido a Camarista), destruyéndose las Rukas (viviendas) de la Comunidad. Sin embargo, las familias resistieron y no abandonaron el campo, manteniéndose hasta la fecha con sus animales y demás pertenencias, para impedir que se consumara el despojo y que Mohana con su empleado Rodolfo Escobar ingresaran a realizar construcciones o cualquier tipo de actividades que perjudiquen la ocupación tradicional del Lof.

A fines de noviembre pasado, Escobar intentó colocar unos postes para alambrar el predio, siendo ello impedido por la Comunidad que lo denunció penalmente. En base a ello, Mohana pidió el desalojo y el Juez Calcagno ordenó intimar a los miembros de la Comunidad a desalojar el campo dentro de los 10 días bajo apercibimiento de ejecutar el lanzamiento por la fuerza pública de las personas, animales y demás bienes del Lof Prafil-Calfupán, estando acreditado en la causa que se trata de un predio con ocupación tradicional, actual y pública de la comunidad Mapuche.

La medida fue recurrida por la defensa de la Comunidad y el 10-12-2012 el Juez Calcagno rechazó la apelación, aduciendo que ya estaba firme la cautelar dictada por Gaimaro Pozzi, –que no había sido totalmente ejecutada-. En junio de 2012 la Cámara Segunda había declarado abstracto el anterior recurso de apelación de la Comunidad contra la medida por haber entendido –inducida a error- que el desalojo ya se había consumado, que debería esperarse a lo que se resuelva en el principal para reponer a las familias de la Comunidad en sus tierras, pero aclarando que el Juez se había equivocado porque es criterio de ambas Cámaras en lo Criminal de Bariloche que no corresponde el desalojo de comunidades indígenas por casos de usurpación. Así lo expuso la defensa de la Comunidad a cargo del GAJAT recordando lo dicho por la misma Cámara Segunda: “ambas Cámaras tienen criterio expuesto (contrario) al desalojo cuando se trata de comunidades originaria” ("PONCE RENE S/ USURPACION S/ USURPACION", causa nro. A1-2007-3159; Causa "MURGIC ALBINO S/ QUEJA (CAUSA MURGIC ALBINO S/ DCIA.)", Nro. A1-2011-3948, Sentencia del 17 de octubre de 2011.-; Cámara Segunda de Apelaciones en lo Criminal de la IIIa Circunscripción el 28/05/09 en los autos caratulados “LOPEZ Clemente y SAYUEQUE Hipólito s/USURPACION” Expte. Nro. 08-082-a (Expte. S.4-07-154 del Juzgado de Instrucción Nro. 2) entre otras).

En este caso, debe anularse la cautelar que ordenó desalojar porque, a pesar de habérsele otorgado la posesión por un acta de la policía en el procedimiento de desalojo, las familias Mapuche jamás se fueron del campo, hecho que ha sido reconocido expresamente por el abogado del querellante Mohana.

Está además demostrado en el expediente que las familias de la Comunidad ocupan tradicionalmente el campo desde principios de siglo XX por lo que se pidió que se declare la nulidad de la nueva orden de desalojo, todo ello a tenor de lo establecido por los arts. 75 inc. 17 CN, 1, 2, 21 y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13, 14, 16, 17 y 18 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (ley 24.071), así como la Declaración de Naciones Unidas de 2007. Los Mapuche del Lof Prafil-Calfupán están además amparados por la prohibición de desalojo de los arts. 1 y 2 de la ley 26.160.

El 11-12 la defensa se interpuso recurso de queja que está en estudio por la Cámara Segunda en lo Criminal de Bariloche (Expte Nro. 11-229-A) que requirió el expediente al Juzgado de Instrucción.

Segundo caso: el STJ Río Negro ahora desconoce los derechos del Pueblo Mapuche.

En un grave retroceso en la doctrina jurisprudencial del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, por sentencia dictada el 12 de diciembre de 2012 (leer), los jueces SERGIO M. BAROTTO y ENRIQUE J. MANSILLA (el Presidente Víctor Hugo Sodero Nievas se abstuvo), ambos designados por la administración del Gobernador Alberto Weretilneck, consideraron que el desalojo de una comunidad indígena no implica para esta un gravamen irreparable ni de difícil reparación ulterior.

Con este argumento, rechazaron el recurso de casación interpuesto por la Comunidad Mapuche Las Huaytekas en representación de miembros de la Lof Palma en los autos caratulados “MARTINEZ PEREZ, José Luis c/PALMA, Américo y Otros INTERDICTO DE RECOBRAR. SUMARISIMO- s/MEDIDA CAUTELAR s/CASACION” (Expte. N* 26151/12-STJ-) contra la orden de desalojo que había sido dictada en primera instancia por el Juez Civil Jorge Serra.

La Cámara Civil de Bariloche había confirmado la orden en fallo dividido y había admitido con efecto suspensivo el recurso de casación contra la medida, reconociendo el gravamen irreparable y las graves consecuencias de muy difícil reparación para las familias que serían expulsadas de sus tierras, desconociendo la obligación estatal del art. 13 del Convenio 169 de la OIT de respetar y proteger la especial relación de los Pueblos indígenas con sus tierras y territorios, así como el reconocimiento constitucional de la ocupación tradicional del art. 75.17 CN.

Junto al racismo y discriminación implícito en la ignorancia de la diferencia cultural del Pueblo Mapuche de los debutantes jueces del STJ rionegrino en este caso de consecuencias  irreparables tan evidentes arguyeron que las medidas cautelares no pueden ser objeto de recurso extraordinario, cuestión falsa cuando es de público y notorio que incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene revisando por esa recurso extraordinario federal medidas cautelares como en el caso de la ley de medios y contradice la propia doctrina del STJ que ha admitido recursos de casación contra medidas cautelares en los casos en que el gravamen que cause la medida pueda ser irreparable o de muy difícil reparación ulterior. ( caso STJRNSC: SE. "C., L. A. s/QUEJA EN: 'C., L. A. c/SUC. S. VDA. DE C. y Otros s/ORDINARIO s/MEDIDA CAUTELAR", (Expte. N* 18983/03 - STJ), (03-03-04). LUTZ - BALLADINI - SODERO NIEVAS y  STJRNSC: SE. "G., E. y Otro C/ TURISMO RIO DE LA PLATA S. A S/ NULIDAD DE ASAMBLEA Y REMOCION CONSEJEROS DE VIGILANCIA S/ INCID. ELEVACION S/ CASACION" (Expte. N* 15812/01 - STJ - ), (25-02-02). BALLADINI - LUTZ - SODERO NIEVAS STJRNSC: SE. "G., C. y otro C/ TURISMO RIO DE LA PLATA S. A. S/ NULIDAD S/ INC. ART. 250 S/ CASACION", (Expte. Nro. 16062/01 - STJ), (26-02-02). BALLADINI - LUTZ - SODERO NIEVAS.

La semana próxima será interpuesto el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo que sea concedido con carácter suspensivo para evitar así que, conocido especulador inmobiliario y terrateniente, José Luis Martínez Pérez pueda pedir la ejecución del desalojo, sobre todo aprovechándose feria judicial como lo hizo en la primera instancia. La Comunidad ya se ha declarado en alerta y movilización.

Es importante recordar que las tierras involucradas en este caso fueron cedidas por la Provincia de Río Negro a la Empresa Forestal Rionegrina S.A. en el año 1999 con una forestación incluida y al año siguiente Martínez Pérez con su esposa y socia la abogada Ana María Trianes se las compró a precio vil en un caso paradigmático de la corrupción que rige en materia de política de tierras en Río Negro. Martínez Pérez es además abogado  del inglés Charles “Joe” Lewis, titular del TAVISTOK GROUP, que concentra tierras, recursos naturales (Lago Escondido) y la energía en la Patagonia Norte (http://www.tavistock.com/portfolio/pampa-energia/).


CONTACTOS:

Caso Lof Prafil-Calfupan. 0294 154290972 Consejo Asesor Indígena - Chacho Liempe 0294 154597975 Susana Lara - 0294 154621098 Crescencio Prafil.

Caso Las Huaytekas: 02944 673317 Mirta Ñancunao - Werkén. Comunidad Mapuche Las Huaytekas

 
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